Lo que les ha ofrecido la Carta Magna a la población homosexual en Colombia y lo que aún les debe.
 |
| Adriana González y su pareja, Marcela, llevan 4 años unidas. Antes de la Constitución Política de 1991, los homosexuales en Colombia se sentían como delincuentes. "No éramos ciudadanos de segunda, sino de quinta", admite Adriana González, trabajadora social dedicada a la educación y quien ahora desarrolla programas para el reconocimiento de la comunidad LGBT. "Yo adoro la Constitución y adoro la Corte Constitucional porque en todos estos años han hecho un reconocimiento sensible a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Siento que nos garantizan vivir en este país", añade Adriana. Para ella, y para cerca de 4 millones de homosexuales que se calcula hay en Colombia, la historia previa a la promulgación de la Constitución Política tiene trazos tan oscuros que muchos prefieren olvidarlos y que pocos recuerdan en episodios tan insólitos como no poder ser docentes, notarios o integrantes de las Fuerzas Armadas. "El estatuto docente, las normas para ser notario o los requisitos para hacer parte de las Fuerzas Armadas les cerraban las puertas a los homosexuales de este país. Recibíamos tratamiento de delincuentes,porque desde el Código Penal de 1936 se penalizaba las relaciones entre las parejas de un mismo sexo", aclara Marcela Sánchez, de la ONG Colombia Diversa. Ahora, tras 20 años de experiencia bajo los preceptos de la Constitución los homosexuales cuentan con toda una batería de artículos, que empieza con el número 13, que contempla que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley; pasa por el número 16, sobre el libre desarrollo de la personalidad; pero se estrella con el 42, porque este establece que la familia se constituye por "la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio". Este último es quizá el principal dolor de cabeza de la comunidad, porque su redacción implica que los homosexuales no hayan podido avanzar en dos frentes: la posibilidad de contraer matrimonio civil y la adopción conjunta de menores. "Soy ciudadana, pago impuestos, pero aún el Estado no me reconoce el derecho a decidir con quién casarme", dice Adriana. En los últimos cuatro años, esta trabajadora social tiene una unión de hecho, reconocida ante un notario, con Marcela, una ingeniera de sistemas, con quien comparte la pasión por los viajes. El paso que han estado esperando es que puedan tener un matrimonio civil, como el que celebran los heterosexuales. "Hasta a mi familia le cuesta trabajo reconocer que tengo una vida con Marcela", admite. La Corte Constitucional les ha dado un reconocimiento en derechos, beneficios y responsabilidades similar al de las parejas heterosexuales: pueden declarar su lugar de residencia como vivienda familiar y evitar que estas sean embargados, acceder a los beneficios del plan de salud de los Fuerzas Armadas, ser elegibles para viviendas en los programas de subsidio del Gobierno, obtener compensaciones por la muerte de su compañero en accidentes de tránsito, entre otros. El fallo, del 28 de enero del 2009, también establece derechos migratorios, medidas de protección cuando sean víctimas de delitos atroces y la posibilidad de no incriminar a su pareja en procesos judiciales. Otros fallos del mismo tribunal reconocen derechos patrimoniales, la sustitución pensional, la afiliación a salud y al sistema de pensiones y el derecho de alimentos. En términos legales suena bien, pero en términos culturales aún la tarea está pendiente. "Para adquirir un seguro funerario que incluyera a mi suegra -a quien no le gusta que la llamen así- tuve que llevar la escritura en la que se demuestra que Marcela es mi esposa. O, en otra oportunidad, en un hotel de Villavicencio no nos querían aceptar el pago de nuestra cuenta porque nos dijeron que sólo admitían el pago por parte de hombres ¡Qué tal!". Es una discriminación que, según Marcela Sánchez, aún se vive en otros aspectos de la vida cotidiana: "Se nota en la no difusión de los derechos para los homosexuales, en la impunidad en las investigaciones relacionadas con las muertes de gays o lesbianas, en la violencia contra los travestis, en los suicidios de los adolescentes incomprendidos por su orientación sexual o en el incumplimiento de las sentencias de la Corte". Aún así, con reconocimientos pendientes, Adriana Gutiérrez dice que hay razones para sonreír en Colombia y animarse a dar nuevas luchas. "La Constitución nos ha dado la posibilidad de vivir en un país democrático, nos ha dado la posibilidad a los homosexuales, a nosotras, las lesbianas, de poder ser ciudadanas". |
José Antonio Sánchez
Subeditor ELTEMPO.COM
Tomado de
No hay comentarios:
Publicar un comentario